El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reiteró que “la crisis que arropa Haití es su responsabilidad, empeorada por la falta de apoyo oportuno y sostenido de la comunidad internacional”
En un ambiente marcado por la incertidumbre y la preocupación, el Consejo de Seguridad de la ONU se convirtió en el escenario de un intercambio tenso entre representantes de Haití y la República Dominicana. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, puso en el centro del debate la crítica situación de seguridad en Haití y las implicaciones que tiene para su país, especialmente en lo que respecta a la migración irregular y la creciente ola de deportaciones.
A tres meses de la llegada de la Misión Multinacional de Seguridad en Apoyo a Haití, la cifra de soldados desplegados es extremadamente baja: solo 410 de los más de mil que se habían prometido se encuentran en el terreno. Este escaso despliegue ha llevado a Álvarez a cuestionar la efectividad de la misión, señalando que la falta de apoyo internacional ha limitado su capacidad para enfrentar a las bandas criminales que desestabilizan a la nación vecina.
“El incesante flujo de migrantes con estatus irregular en el país y los riesgos potenciales de que la violencia generada por el crimen organizado en Haití traspase la frontera”, fueron solo algunos de los argumentos que el canciller utilizó para justificar la intensificación de las deportaciones de haitianos. Aseguró que la República Dominicana ha hecho un gran esfuerzo al acoger a 147,000 estudiantes haitianos en sus escuelas y dedicar un 16% del presupuesto de salud a la población haitiana, pero dejó claro que “hay límites”.
En contraposición, el embajador de Haití ante la ONU, Antonio Rodrigue, denunció las deportaciones como una violación de los derechos humanos y un principio de vecindad que, según él, agrava la crisis de su país. “Esta oleada repentina de personas, devueltas de manera brutal y sin una coordinación entre ambos países, pone en graves aprietos nuestra capacidad de responder a las necesidades humanas urgentes de ese contingente”, declaró con una mezcla de frustración y desesperación.
Rodrigue hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga y ponga fin a lo que considera “graves violaciones a los derechos humanos”, mientras que el canciller dominicano respondía a tales llamados con claridad. “El gobierno dominicano no puede aceptar el insensato llamado a detener las repatriaciones”, afirmó, enfatizando que permitir esto equivaldría a abrir las fronteras y fomentar una mayor migración irregular.
La sesión del Consejo se tornó aún más sombría cuando la representante Especial del secretario general para Haití, María Isabel Salvador, presentó un informe que confirmaba el deterioro de la situación en Haití. En su exposición, Salvador destacó que las áreas más afectadas por la violencia de las pandillas han aumentado, y aunque hubo avances en la lucha contra el crimen organizado, estos eran insuficientes.
Por su parte, el gobierno de Kenia, que también participa en la misión, coincidió con la posición dominicana al señalar la necesidad de completar el despliegue de 1,500 soldados para poder ofrecer un apoyo efectivo a la Policía haitiana. Hasta la fecha, solo un puñado de países se ha comprometido a unirse a esta misión, lo que deja a la comunidad internacional ante el reto de actuar con urgencia.
La sesión concluyó sin resoluciones claras, dejando en el aire la pregunta sobre cómo proceder ante una crisis que, más que nunca, exige atención y acción inmediata. Mientras tanto, las deportaciones de haitianos continúan, marcando un capítulo más en la compleja relación entre dos naciones que comparten no solo una frontera, sino también una historia entrelazada que clama por soluciones efectivas y humanitarias.
