Marcha en Buenos Aires en conmemoración de las víctimas del golpe de Estado, este domingo.Foto: MATIAS BAGLIETTO (REUTERS)
En su intento por reescribir la historia el Gobierno difunde en un video su versión sobre los crímenes de la dictadura poco antes de que iniciara la movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora el aniversario del golpe de Estado
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El presidente Argentino, Javier Milei, pretende hacer saltar por los aires el consenso sobre los crímenes de la dictadura argentina construido en los últimos 40 años de democracia. El mandatario y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, llegaron a la Casa Rosada negando la existencia de un plan sistemático de exterminio entre 1976 y 1983 y este domingo, cuando se conmemoran 48 años del golpe militar, el Gobierno fue más allá.
Desde las cuentas oficiales de la Casa Rosada, el Ejecutivo difundió un video que equipara el terrorismo de Estado con la violencia de grupos guerrilleros, defiende que hubo guerra ”en la que “cayó gente inocente de los dos lados”, cuestiona el número de víctimas de la dictadura y sugiere que los organismos de derechos humanos “cobraban el diezmo” para pedir justicia por los miles de desaparecidos. La provocación llegó horas antes de una gran marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora el aniversario del golpe y homenajea a las víctimas.
La respuesta fue masiva. Decenas de miles de personas marcharon este domingo contra Milei y en defensa de la democracia en las grandes ciudades de Argentina. La consigna “Nunca Más” se repetía en banderas, pancartas y camisetas estampadas también con el pañuelo blanco que identifica a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la resistencia argentina contra la dictadura. Había activistas de derechos humanos, militantes de agrupaciones peronistas y de izquierda y sindicalistas que se manifiestan cada 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, pero también muchas personas que decidieron participar alarmadas por un discurso oficial que justifica el accionar de las fuerzas de seguridad durante el régimen.
“Es una marcha distinta a las de otros 24 de marzo”, coinciden los asistentes. “Daba por sentado que esto no iba a pasar nunca más, que ya había sido entendido por toda la sociedad”, señala Cecila Martorell, de 63 años. “Pensé que no había forma de tirar abajo la lucha de las Madres y las Abuelas, pero me equivocaba”, dice apesadumbrada.
El 24 de marzo de 1976 comenzó la dictadura más sanguinaria de la historia de Argentina. Los militares permanecieron en el poder casi siete años en los que llevaron a cabo un plan sistemático de exterminio. Secuestraron, torturaron, asesinaron, robaron bebés y desaparecieron a miles de personas cuyos cuerpos nunca han sido encontrados. Al recuperar la democracia, los argentinos dijeron nunca más al terrorismo de Estado y los responsables de esos crímenes de lesa humanidad comenzaron a ser juzgados. Desde entonces, más de 1.200 personas han sido condenadas en un proceso judicial único en América Latina que ha permitido que los argentinos conozcan los detalles de las atrocidades que perpetraron los militares.
Hasta Milei, todos los gobiernos democráticos habían condenado el terrorismo de Estado. Macri cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos que sostienen las organizaciones de derechos humanos, pero no el plan criminal del régimen demostrado en más de 300 juicios.
Para el presidente ultra, en cambio, ni hubo 30.000 víctimas ni hubo terrorismo de Estado. Ya en campaña, Milei declaró que en los años setenta en Argentina “hubo una guerra [entre militares y guerrilleros] y las fuerzas del Estado cometieron excesos”. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, coincide y exige una “memoria completa” que incluya a las víctimas de las guerrillas.
El Gobierno plasmó su versión en un video de 12 minutos difundido este domingo en las redes oficiales de la Casa Rosada. En la grabación, se oyen los testimonios de María Fernanda Viola, cuyo padre fue asesinado en 1974 —aún en democracia— por un grupo armado, del escritor y político Juan Bautista Yofre y del exguerrillero Luis Labraña. De acuerdo con su relato, en esos años “el país no resistía más” y lo que ocurrió fue una “guerra” entre “monstruos”. Pero para los protagonistas del video, se ha mostrado “una sola cara” de esa historia y es necesaria una “verdad completa” para “sanar las heridas”.
El video omite señalar, sin embargo, que la justicia ha determinado que las Juntas Militares pusieron en marcha un plan de desaparición, tortura y exterminio de un sector de la población civil y que los responsables fueron condenados por delitos de lesa humanidad en una serie de procesos que iniciaron en 1985 y continúan hasta hoy. Esta política de Estado ha sido pionera y ha sido impulsada en gran parte por organismos de derechos humanos como Abuelas o Madres de Playa de Mayo, que en el video son acusados de hacer “un gran negocio” con su labor.
El despliegue comunicacional activado este domingo no fue una sorpresa: después de que el 8M, mientras el feminismo salía a las calles, el Gobierno anunció que cambiaría el nombre del Salón de las Mujeres de Casa Rosada por el del Salón de los Próceres, la expectativa sobre las acciones que activaría este domingo era alta.
Argentina es un país muy polarizado, pero la condena a la dictadura ha sido una de las pocas excepciones a esa enorme fractura social. Jorge Rafael Videla, ideólogo del régimen de terror, murió en 2013 sentado en el inodoro de su celda y tuvo que ser enterrado con un nombre falso porque ningún cementerio quería recibirlo. En 2017, la Corte Suprema aprobó una sentencia que abría la puerta a beneficios penitenciarios a los presos por delitos de lesa humanidad; el repudio masivo de la sociedad al fallo la volvió a cerrar.
Tres meses después de que Milei llegase al poder, muchos argentinos siguen en un estado de desconcierto e incredulidad ante un discurso oficial que rompe con todo lo anterior. En la marcha abundaban los abrazos y los mensajes de resistencia. “Hay un intelectual del peronismo que se llamó Arturo Jauretche que dice que no hay que tener tristeza, porque los pueblos tristes no vencen. Es así, tenemos que salir de ese abrumamiento emocional y psíquico”, subraya Estela Calvo, de 72 años.
Las generaciones más grandes recuerdan cómo fue vivir en dictadura, pero no así los más jóvenes, que la ven como parte de un pasado que les es ajeno y menos urgente que resolver la grave crisis económica que arrastra el país. “Casi todos mis compañeros del secundario votaron a Milei. No es que quieren cambiar la historia, sino dejarla atrás y mirar hacia el futuro. Ahora mismo muchos no ven futuro en Argentina y culpan a los políticos”, resume Vanesa, de 17 años, quien marcha acompañada de su hermana menor, que tiene 15, dos menos que ella.
Clima de tensión
El cambio de discurso ha disparado la tensión en la previa al aniversario del golpe. Días atrás, una militante de derechos humanos denunció que fue asaltada, amordazada y abusada en su casa. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte”, le dijeron los agresores. Antes de irse escribieron en la pared: “¡Viva la libertad, carajo!”, el latiguillo que el presidente popularizó desde su campaña presidencial el año pasado.
Esta misma semana, la editorial Marea, que cuenta con un amplio catálogo de libros sobre derechos humanos, sufrió un ataque cibernético y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, denunció que su teléfono está intervenido. De Carlotto atribuyó a esas supuestas escuchas ilegales el ruido de fondo y las constantes interferencias escuchadas durante las entrevistas radiofónicas que concedió en los últimos días.
Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos también han denunciado desfinanciamiento, falta de designación de autoridades y despidos en diferentes áreas. “No encontramos criterio. Solamente el desguace del Estado y las políticas públicas de memoria, verdad y justicia”, criticó Flavia Fernández Brozzi, representante de los trabajadores de la secretaría. La secretaría está dentro del predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA), instalaciones militares que durante la dictadura operaron como el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí también se encuentra el Museo de la Memoria, un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO que Villarruel amenazó con desarmar.
Nuevo protagonismo militar
Milei quiere cambiar también el paradigma que se ha mantenido vigente para las Fuerzas Armadas desde el regreso de la democracia. Su Gobierno ha anunciado que enviará al Congreso una reforma de la ley de Seguridad Interior que autorice la intervención de los militares en conflictos como la narcoviolencia que golpea a la ciudad de Rosario. Hoy los militares no quieren saber nada de ese cambio de funciones.
Las Fuerzas Armadas controlaron la política argentina durante más de medio siglo. En 1930 dieron el primer golpe de Estado, al que siguieron otros para intentar reprimir primero a la Unión Cívica Radical (UCR), y luego, a partir de 1955, al peronismo. Cuando entregaron el poder en 1983 habían sacado por la fuerza de la Casa Rosada a cinco gobiernos democráticos.
A partir de ahí su poder disminuyó. El presidente de la transición, el radical Raúl Alfonsín, juzgó a los jerarcas de la dictadura en 1985. En 1991, un peronista, Carlos Menem, los indultó. Sin embargo, comenzó también un proceso de desfinanciación de las Fuerzas Armadas y el repliegue de las tropas a los cuarteles al que ahora Milei quiere poner fin. A contracorriente de los recortes en las demás áreas del Estado, el Gobierno está dispuesto a modernizar su equipamiento y formación para que recuperen protagonismo con nuevos roles.
“Reafrimamos que la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos pone en riesgo los derechos humanos de todos”, dijo este domingo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. Carlotto, de 93 años, dio un breve discurso desde un escenario instalado en Plaza de Mayo, en el que también estaban la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La activista insistió en que los organismos de derechos humanos reclaman “una ley contra el negacionismo” para sancionar a los funcionarios “que desestimen los crímenes [de la dictadura] y a sus víctimas”: “Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de memoria, verdad y justicia construidas sobre consensos democráticos”.
La multitudinaria movilización convocada este domingo plantó cara así al intento del Gobierno de Milei de minimizar y reescribir el episodio más oscuro de la historia del país sudamericano.
