Santo Domingo, 29 jul (Prensa Latina) Unos 15 diputados del Congreso de la República Dominicana solicitaron hoy formalmente que Cuba sea retirada de la cuestionada lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.
PRENSA LATINA
En un documento, demandaron además, el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que de manera ilegal impone el gobierno estadounidense desde hace más de 60 años contra el Pueblo de José Martí y Máximo Gómez.
El texto fue rubricado por el presidente del Grupo Parlamentario Dominico-Cubano, diputado del Partido Revolucionario Moderno Napoleón López, y el presidente del Grupo Parlamentario Dominicano-venezolano, el diputado del Frente Amplio Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y 13 diputados más de todas las bancadas representadas en el Congreso.
«Nos oponemos categóricamente a la aplicación continua de cualquier medidas restrictivas unilaterales contra los Estados miembros de la ONU», manifestaron los legisladores en un comunicado facilitado a Prensa Latina por Juan Dionicio Restituyo.
Recalcaron que las sanciones de Washington contra Cuba permanecen en vigor por más de 60 años, a pesar de la oposición reiterada por la comunidad Internacional.
Asimismo, los diputados como Pedro Botello, del Partido Reformista Social Cristiano; Juan Suazo Marte, del Partido de la Liberación Dominicana; y Heriberto Aracena, de Fuerza del Pueblo, entre otros, manifestaron su oposición a las sanciones contra Cuba.
El bloqueo es catalogado como una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos, cuyas medidas están dirigidas a afectar los sectores más sensibles de la sociedad y crear desesperación en el pueblo, además, se ha mantenido como eje central de la política de los Estados Unidos hacia la isla.
Para agravar la situación, Cuba fue designada de nuevo como Estado patrocinador del terrorismo el 12 de enero de 2021, en la presidencia de Donald Trump.
Tal designación tiene efectos que hacen más difícil la vida de las personas en Cuba, tanto dentro como fuera de la isla, por ejemplo al crear obstáculos adicionales para la entrega de asistencia humanitaria, negocios, inversión y comercio que implique a Cuba y, por extensión, a los ciudadanos cubanos.
