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Ese grupo denunció en un comunicado que la acción se suma a la larga lista de agresiones por parte de las administraciones estadounidenses con el objetivo de ejercer presión, torcer la voluntad democrática del pueblo venezolano y crear las condiciones para forzar un cambio de gobierno.
“Los países miembros del ALBA-TCP condenan enérgicamente cualquier imposición que pretenda despojar a los países hermanos de América Latina y el Caribe de sus activos y repudia, una vez más, este acto de piratería en perjuicio del Estado venezolano, en total contravención del Derecho Internacional”, afirmó.
Recordó que Washington antes actuó de forma similar al apropiarse en 2021 de una aeronave de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa.
El ALBA-TCP deploró también la violación de la soberanía de República Dominicana –donde ocurrió la incautación de este lunes- y respaldó las “acciones legales, diplomáticas y políticas” que emprenda Caracas para defender su soberanía y libre determinación.
Venezuela advirtió que se reserva el derecho de emprender un proceso legal contra Estados Unidos tras la confiscación y traslado a Florida de la nave oficial, un hecho rechazado por países como Cuba, Nicaragua y Rusia, y catalogado de robo.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, desvinculó a su Gobierno y al Ministerio Público de la investigación emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que concluyó con la incautación.
No obstante, relató que en mayo pasado Santo Domingo recibió una petición de cooperación internacional relacionada a la pesquisa y en la cual se solicitaba «realizar registros de evidencia y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes ilícitos y lavado de activos».
El diplomático manifestó ante la prensa que la aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento.
