“Este tipo de políticas solo benefician a unos pocos, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo”, afirmó Salazar. El decreto 357-24 propone la creación de fideicomisos para gestionar los terrenos públicos que, según el gobierno, tienen el potencial de ser desarrollados para el turismo, una industria que ha sido clave en la economía dominicana.
JULIO GUZMÁN ACOSTA
En una declaración de prensa enviada a los medios de comunicación, el Partido Comunista del Trabajo (PCT) expresó su “rotundo rechazo al decreto 357-24 promulgado por el presidente Luis Abinader.
Según la organización política, este decreto no es más que una continuación de la política de privatización que, de manera sutil y paulatina, el gobierno del PRM ha estado implementando a través de la creación de fideicomisos. El PCT sostiene que el decreto 357-24 representa una entrega de terrenos públicos a empresarios del sector turístico, terrenos que están distribuidos en diversas regiones del país y que, según el partido, tienen un valor estimado en más de 70 mil millones de pesos.
Manuel Salazar, secretario general del PCT, señaló que “con bienes y fondos públicos se construirían infraestructuras que serían entregadas a empresarios particulares bajo el supuesto de que contribuirían al crecimiento de la economía en las regiones consideradas y del país en general”.
Con esa declaración la organización de izquierdas persigue producir un debate en la sociedad dominicana y en la opinión pública. Según el PCT, la implementación de este decreto no solo compromete los bienes públicos, sino que también representa un claro ejemplo de cómo el gobierno favorece intereses privados bajo el pretexto de fomentar el desarrollo económico.
“Este tipo de políticas solo benefician a unos pocos, dejando de lado las verdaderas necesidades del pueblo”, afirmó Salazar. El decreto 357-24 propone la creación de fideicomisos para gestionar los terrenos públicos que, según el gobierno, tienen el potencial de ser desarrollados para el turismo, una industria que ha sido clave en la economía dominicana.
Sin embargo, el PCT argumenta que esta medida es un disfraz para la privatización, ya que los empresarios que recibirán estos terrenos obtendrán beneficios significativos mientras que el sector público verá poco o ningún retorno.
La denuncia del PCT se suma a una serie de cuestionamientos que varios sectores del país han levantado contra las políticas de fideicomisos del gobierno de Abinader. Mientras algunos defienden que estas políticas son “necesarias para atraer inversiones y dinamizar la economía”, otros, como el PCT, alertan sobre los peligros de privatizar bienes públicos y favorecer a grandes empresarios a costa del patrimonio nacional.
El PCT, además, en su declaración hace un llamado al movimiento progresista y de izquierdas para que se creen las condiciones necesarias para producir una gran movilización en contra de esa política privatizadora.
La denuncia del PCT no solo pone en tela de juicio la gestión del presidente Abinader, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre las estrategias de desarrollo económico y el manejo de los recursos públicos en el país. El debate sobre el decreto 357-24 es un claro ejemplo de las tensiones que pueden surgir cuando se trata de equilibrar los intereses públicos y privados. En este caso, el PCT ha dejado claro que no se quedará callado ante lo que considera una política de privatización encubierta, y promete seguir luchando por la defensa del patrimonio público y los intereses del pueblo dominicano.
